El 14 de agosto de 1985 una patrulla del Ejercito liderada por los militares Telmo Hurtado y Juan Rivera asesinó a 69 campesinos adultos y niños.

El 14 de Agosto de 1985, 69 campesinos del distrito ayacuchano de Accomarca fueron ejecutados extrajudicialmente en la zona denominada LLoccllapampa, por efectivos militares pertenecientes al Comando Político Militar de Ayacucho, que recibían órdenes del general Wilfredo Mori Orzo.

Este mando militar obtuvo información de inteligencia, que indicaba que en la quebrada de Huancayocc había presencia de Sendero Luminoso, y por ello, ordenó al Estado Mayor del referido Comando Militar la elaboración de un Plan de intervención.

El Plan Huancayocc tenía como objetivo: capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en dicha quebrada. Para ello, se contó con cuatro patrullas: dos asignadas por la Compañía Lince (Lince 6 y Lince 7), que tenían por misión destruir una escuela popular; y dos pertenecientes a las bases circundantes a la zona de Accomarca (patrulla Lobo y Tigre), encargadas del bloqueo de posibles rutas de escape.

Durante la mañana del 14 de agosto del referido año, las patrullas Lince 6 y Lince 7 incursionaron al poblado de Huancayocc, y siguiendo lo establecido en el plan de operaciones, ingresaron violentamente a cada una de las casas de los campesinos, a quienes les indicaron que se realizaría una asamblea en la zona de Lloccllapampa.

Sin embargo, algunos campesinos, sumamente asustados y creyendo que los iban matar (reacción comprensible debido a los abusos que cometían los efectivos militares), decidieron huir y esconderse en matorrales y arbustos de las zonas aledañas.

En tanto, los demás campesinos, que eran más de 63, fueron reunidos en la zona de Lloccllapampa, específicamente en un lugar denominado Hatumpampa. Ahí los militares los dividieron en dos grupos: a los varones los golpearon salvajemente y encerraron en la vivienda del campesino Cipriano Gamboa; mientras a las mujeres y niños en la casa de el tambien campesino Cesar Gamboa. Previamente, a las mujeres las condujeron a los arbustos cercanos donde los militares las violaron sexualmente.

Tras encerrarlos en las viviendas, los militares acusaron de terroristas a todos los campesinos presentes, sin tomar en cuenta a los ancianos y niños, y procedieron a disparar sin piedad contra las personas recluidas. Ni los desgarradores gritos de los varones, mujeres y niños lograron aturdir a los militares, quienes por el contrario, procedieron a incendiar las casas para finalmente detonarlas con granadas.

Esta masacre ocurrió al promediar las ocho y media de la mañana. Recien a las cuatro de la tarde, y tras cerciorarse de que nadie haya quedado vivo, los efectivos militares se retiraron. Sin embargo, no se percataron de que algunos campesinos lograron sobrevivir, pues se habían escondido en los matorrales. Ellos fueron testigos del condenable suceso.

Asesinato de los testigos, encubrimiento de los hechos e investigación del Senado

Estos sucesos salieron a la luz pública a raíz de las denuncias de los familiares y testigos de las masacre. Sin embargo, pese a las denuncias, los altos oficiales del Ejercito peruano negaron las ejecuciones extrajudiciales.

Mientras en Lima los militares se reunían con el presidente de la República, Alan García Perez, y eran citados por el Senado; algunos sobrevivientes y testigos de los hechos eran ejecutados en Accomarca por militares que habían recibido la orden de “limpiar la zona” con el fin de encubrir los hechos. Es así, que el 8 de septiembre de 1985, un grupo de efectivos militares asesinó a la anciana Brígida Parez Chávez y su hijo Alejandro Baldeón Parez.

Durante la tarde del 13 de septiembre, una comisión del Senado, entre los que figuraba Fernando Olivera arribó a Accomarca en un helicóptero junto al Jefe del Comando político Militar de la zona de Cangallo (Vilcashuaman), el inspector de la  zona coronel  Cabrejos; el Comandante del Ejercito Ricardo Sotero Navarro; el comandante Hector Lazo; entre otros militares.

Olivera contó que al momento de su llegada a la zona, divisó a un pelotón del Ejercito que había llegado horas antes al lugar. Al ingresar al cementerio del poblado, Olivera y los militares encontraron ocultos cinco cadáveres pertenecientes a Marcelina Janampa Baldeon, Cirina Janampa Martines, Cecilio Gamboa Mendoza, Agustina Melgar de Baldeon, y Padua Quispe Chuchon. En las tres primeras víctimas se determinó que la causa de la muerte fue hemorragia cerebral producida por proyectil de arma de fuego, mientras en las dos últimas, fue por paro cardio-respiratorio causado por arma de fuego. Junto a dichos cadáveres se halló tres casquillos de bala tipo FAL y uno de menor calibre.

Olivera se entrevistó con dos mujeres: Viviana Pulida y Martina Baldeon Ramírez. Una de ellas le dijo que al promediar las diez de la mañana divisó la llegada de un grupo de militares y luego oyó varios disparos.

Según dichas afirmaciones y las declaraciones de Telmo Hurtado ante la Justicia Militar, la referida patrulla se adelantó a la comisión investigadora con el fin de cumplir las órdenes de “limpiar la zona”.

Telmo Hurtado señala que el General Mori Orzo le ordenó regresar el 15 de septiembre a Ayacucho y transmitir la orden para que “envíen patrullas a limpiar la zona para que cuando la Comisión del Senado viaje el 17 de dicho mes, no encuentren ningún vestigio que cause problemas al Comando de la Segunda División de Infantería”.

El 17 de septiembre, Mori Orzo, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Guerra y Sinesio Jarama fueron llamados al Senado para que informen sobre los hechos. Todos ellos negaron la matanza en Accomarca.

Sinesio Jarama dio lectura a los partes entregados por las patrullas, negando la existencia de un enfrentamiento y la muerte de los campesinos.

Los generales del Ejercito, Wilfredo Mori y Sinesio Jarama declararon públicamente que las denuncias sobre la masacre constituía una campaña de los subversivos para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, versión que pretendieron sustentar ante las comisiones del senado. Sin embargo, luego de haberse encontrado los restos de las víctimas, estos fueron destituidos al igual que el presidente del Comando Conjunto de las fuerza Armadas.

El comunicado oficial de las Fuerzas armadas señaló que se había procedido a someter al Fuero Castrense a Telmo Hurtado, por haber presentado un parte operativo de campaña falso con omisiones sobre hechos ocurridos que dieron lugar a la investigación.

Informe de la Comisión Investigadora del Senado

El 18 de septiembre de 1985, el presidente de la comisión Investigadora, el senador Javier Valle Riestra, viajó a Ayacucho para entrevistar a los testigos y señaló a los medios de comunicación que “(...) aquí, lo que hay es una doctrina castrense, que señala que todo fin justifica los medios, una doctrina que quiso ir a una guerra ilegítima”. 

Sin embargo, dos días despues, Alan García se presentó al balcón del Palacio de Gobierno con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para declarar  que “por hechos individuales no se puede abrir un capítulo de escarnio en contra de las instituciones tutelares”, agregando que iba a convertir su balcón en trinchera para defender a las Fuerzas Armadas contra la demagogia de los traficantes de cadáveres.

El 12 de octubre de 1985, la Comisión Investigadora emitió sus informes finales. La mayoría concluyó que “los hechos de Pucayacu y Accomarca, se inscriben dentro de la política contrainsurgente que tiene su origen en el regimen anterior, muchas veces violadoras de los derechos humanos” y que “los autores materiales de los hechos son solamente la pieza del engranaje y es necesario estudiar si actuaron en virtud de órdenes verbales o si actuaron así por que así se les ha formado”.

Inexplicable decisión de la Corte Suprema: Accomarca camino a la impunidad

Pese a las clarísimas evidencias que certificaban la responsabilidad de los oficiales y subalternos por la matanza de Accomarca, y que estos hechos eran producto de una política errada, dirigida desde el Estado a traves del presidente de la Republica y los altos mandos del Ejercito y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el caso, por decisión de la Corte Suprema, fue ventilado en la justicia militar.

Telmo Hurtado fue investigado por la Justicia Militar. El Sub Teniente, trató de exculpar a los altos mandos por las ejecuciones que se habrían producido  a consecuencia del plan de operaciones. Sin embargo, era evidente que los “excesos”  no eran un hecho aislado, sino que respondían a una política de guerra sucia que provenía desde el Estado tal como lo refirió el General Sinesio Jarama ante el Senado: “La población sirve a sendero para sustentarla...para curar sus heridas....para darle protección y encubrirla....para renovar sus cuadro....La contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y debe encuadrar dentro de sus planes;...y como lo señala el Operativo Hunacayocc la  eliminar las zonas rojas”. 
 
Asimismo, señaló, que despues de capturar a los terroristas tomó la decisión de eliminar a las personas reunidas en Lloccllapampa porque esta ac parte del sistema de trabajo de las fuerzas del orden  en los años 84 y 85, en las zonas declaradas en emergencia. {...} y no consigno los datos de las muertes en la quebrada de Huancayocc, porque en una reunión que tuvieron en la Compañía Lince , el Jefe de estas Wiliams Zapata señalo que  las bajas de los elementos terroristas no se comunicaba por escrito sino en forma oral  en una reunión de critica ante el Coronel Jefe del Estado Mayor Operativo y todos los G de la segunda División, versión que fue confirmada ante la Justicia militar por  Jose Enrique Cuadro García. Asimismo señalo que el 7 de septiembre de 1985 fue convocado por el General Mori Orzo para viajar a la ciudad de Lima, en esta reunión que se llevo a cabo entre el 11 y 13 de septiembre, Hurtado por decisión del General Mori acepto asumir la responsabilidad  de los hechos con el propósito de no perjudicar la carrera del citado general.

Pese a estas declaraciones vertidas por Telmo Hurtado,  fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado –por abuso de autoridad– a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas. Siete años más tarde, el Consejo Supremo de Justicia Militar, confirmó la sentencia y la reparación otorgada. Para entonces Telmo Hurtado ya ostentaba el grado de capitán.

En mayo de 1999, a traves de una denuncia televisiva, se descubrió que Hurtado no fue dado de baja y que venia laborando normalmente en la Sexta Región Militar y que incluso había ascendido a Mayor.

Investigación por la Comisión de la Verdad y denuncia de los hechos

La Comisión de la Verdad investigó el caso Accomarca y presentó su informe en Agosto de 2003, ese mismo año, el caso fue reabierto por la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, quien formalizó denuncia en febrero del 2005, en contra de altos mandos militares y civiles, en el que se incluía al Ex Presidente Alan García Perez, pese a los indicios y pruebas presentadas por la Fiscal, el juez Walter Castillo archivo el caso en contra del ex mandatario y otros altos oficiales, aperturando proceso el 31 de mayo  de 2005, en contra de Mori Orzo y 27 oficiales y subalternos como responsables por las ejecuciones en Accomarca.

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