El 26 de enero de 1983, ocho periodistas, un guía y un comunero fueron asesinados en la comunidad de Uchuraccay, en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho), cuando se dirigían a la localidad de Haychao (cercana a Uchuraccay) para realizar una investigación periodística que presuntamente comprometía a las Fuerzas Armadas en eliminaciones forzadas a miembros de comunidades campesinas.

Se trata de Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como el guía Juan Argumedo. También pereció ese día el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales, quien los acompañaba.

Durante los meses siguientes, Uchuraccay continuó siendo escenario de violencia, muerte y desolación: 135 comuneros fueron asesinados como consecuencia de los ataques de Sendero Luminoso, la represión de las fuerzas contrasubversivas y de las rondas campesinas.

El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones. La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como responsables a los campesinos de Uchuraccay.

La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial. El 30 de enero de 1983 en Huamanga (Ayacucho), el juez ad hoc Juan Flores Rojas, inició una lenta investigación. Y al cumplirse el plazo fijado por la ley para el término de la instrucción, solicitó dos ampliaciones. En su informe final, concluyó que eran 17 los comuneros acusados en la masacre, pero que no tenía apoyo para cumplir con las capturas, así como para concretar otras diligencias relacionadas con las investigaciones.

Tras una serie de irregularidades registradas en Ayacucho, a pedido de los familiares de las víctimas, el 25 de noviembre de 1985, el caso pasó a la jurisdicción de Lima. El 9 de marzo de 1987, el Octavo Tribunal Correccional de Lima condenó a Dionisio Morales Pérez, Mariano Concepción Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe, a pena privativa de la libertad de diez, ocho y seis años, respectivamente, por el delito de homicidio simple. Los familiares presentaron recurso de nulidad.

El 15 de junio de 1988, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptó resolución definitiva. Aumentó la pena a dos de los condenados y adecuó el tipo penal imputado inicialmente por la de homicidio calificado. La CSJ dispuso remitir los actuados al Juez Instructor de Turno de la provincia de Huanta en Ayacucho con el fin de que se iniciara investigación penal contra miembros del Ejército, Marina, Policía de Investigaciones y Guardia Civil del Perú, como autores de los delitos contra la administración de justicia y contra los deberes de función y profesionales.

A la fecha, no existe información de diligencia alguna al respecto. Mientras tanto, testigos e inculpados murieron misteriosamente a lo largo del proceso y los presuntos autores intelectuales nunca fueron investigados.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite el caso – marzo 2010

Cansados que la justicia peruana les diera la espalda por más de dos décadas, los deudos de los ocho periodistas victimados en Uchuraccay presentaron en febrero de 2003 una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual alegan la violación por parte de la República del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siete años después dicha petición fue admitida. La CIDH declaró admisible la Petición 142 del 8 de febrero de 2003, presentada por la familia de los  también llamados ‘Mártires del Periodismo’.

En su informe Nº 62/10, del 24 de marzo de 2010, la CIDH indicó que los familiares responsabilizan al Estado peruano de las muertes por una supuesta participación directa de militares en los hechos. Igualmente, acusan a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de fuerzas del orden en la muerte de los periodistas, entre otras irregularidades en los juicios penales abiertos.

En su defensa ante la CIDH, el Estado peruano afirmó que el proceso penal fue conducido con amplia participación de los familiares de los periodistas muertos, arrojando exclusiva responsabilidad a los comuneros de Uchuraccay, y no así de agentes del Estado. Indicó que los sucesos del 26 de enero de 1983 se inscribieron en un contexto de violencia a causa de una guerra interna provocada por la subversión. Señaló, que en el proceso judicial visto en última instancia se condenó a 2 comuneros de Uchuraccay. Añadió que se adoptaron medidas legislativas y de otra índole en honor a la memoria de los periodistas fallecidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de examinar las posiciones de las partes, concluyó que es competente para conocer el reclamo y lo declaró admisible por presunta violación al derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como, al de garantías judiciales y de protección judicial, derechos configurados en los artículos 4, 5, 13, 8 y 25 relacionados con al artículo 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por el cual, el Perú, como Estado parte del tratado desde el 28 de julio de 1978, está obligado a respetar y garantizar.  

Asimismo, para la CIDH el transcurso de más de 27 años de la muerte de las presuntas víctimas sin que se haya culminado el proceso penal respectivo es suficiente para concluir que hubo retardo injustificado en la decisión judicial, conforme a lo establecido en el artículo 46. 2. c de la Convención Americana.

ADEHR representa legalmente a deudos del caso Uchuraccay

Cabe resaltar que la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) representa legalmente a 5 de las 8 familias de los periodistas asesinados el 26 de enero de 1983 en la localidad de Uchuraccay.

Se trata de los familiares de Jorge Sedano Falcón (La República), Amador Urpiano García Yanque (revista Oiga), Félix Melecio Gavilán Huamán y Pedro Sánchez Gavidia (El Diario de Marka) y Octavio Infante García (diario Noticias de Ayacucho).


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